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¿Cuál es la base legal de las multas motivadas por el R.D. 463/2.020, el cual decreta el estado de alarma por COVID-19?

Especialistas en Derecho administrativo general y sancionador

¿Cuál es la base legal de las multas motivadas por el R.D. 463/2.020, el cual decreta el estado de alarma por COVID-19?

Aprovechando la entrada en vigor del referido Real Decreto el pasado 14 de marzo, es por todos conocidos que se impuso una norma que limita la libertad de circulación de personas. Para intentar frenar o mitigar el número de multados, así como también para asegurar una correcta defensa, queremos daros una serie de consejos. No obstante, antes de ello, consideramos de importancia tener en cuenta, a muy grandes rasgos, lo que prevé la normativa de aplicación.

En primer lugar, el art. 7 .1 y .2 de este R.D. 463/2.020, dispone lo siguiente:

(…) Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas.

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada.

  • a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
  • b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  • c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
  • d) Retorno al lugar de residencia habitual.
  • e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  • f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
  • g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  • h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. (…)

Lógicamente, y como cualquier norma impuesta al ciudadano, se prevé un régimen de infracciones y sanciones para potenciar su máximo cumplimiento y penalizar a aquellos que la incumplen. A tal fin, el art. 20.1 de este Real Decreto, relativo a particulares, nos dice que:

 (…)1. El  incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. (…).

Esta remisión así expresada resulta muy genérica, si bien, por experiencia en clientes que han sido sancionados por motivo del incumplimiento del estado de alarma, parece que la infracción más habitual que estamos viendo es la prevista por el art. 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Dicho artículo es el que tipifica la infracción grave sobre desobediencia y resistencia a la autoridad, manifestando textualmente lo siguiente:

(…) Artículo 36. Infracciones graves.

Son infracciones graves:

6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. (…)

En principio, esta infracción, tal y como está redactada, no deja demasiada duda en cuanto a la interpretación del hecho. De lo que sí deja duda, y creemos que es donde hay que tener cuidado, es en cuanto a la calificación del hecho como infracción administrativa o como delito. Y ello por introducir en el tipo la siguiente mención: (…) cuando no sean constitutivas de delito (…). Por tanto, si en un primer momento, a juicio de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), entienden que esta infracción puede exceder del ámbito administrativo y pudiera ser considerada como un presunto delito, procederán a la inmediata detención del ciudadano, levantando el oportuno atestado con destino al Juzgado de Guardia. Esta interpretación en relación a la calificación del hecho es la que más nos preocupa, pues en definitiva se deja su interpretación en manos de los agentes de las FCSE, cuya preparación jurídica no es lo suficientemente exhaustiva.

Sanciones a imponer: Multas pecuniarias

Por lo que respecta a las sanciones a imponer por la comisión de esta infracción administrativa (infracción administrativa, que no delito), de modo muy resumido bastaría con remitirnos al art. de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, el cual dispone lo siguiente:

(…) Artículo 39. Sanciones.

1. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros. (…)

Pues bien, si tenemos en cuenta que la infracción cometida es la analizada anteriormente sobre desobediencia y resistencia a la autoridad, dicha infracción se calificaría por la Ley como grave, consistiendo la sanción en una multa que oscilaría de 601 a 30.000.-€. Por nuestra experiencia, lo más normal es que se imponga en 601.-€, la cuantía  mínima; si bien es posible que, atendiendo a criterios de proporcionalidad y valorando, entre otros extremos, si existe reincidencia, la gravedad del hecho sancionado, etc., se pueda imponer una multa en cuantía superior, pero siempre dentro de este marco y nunca más elevada de 30.000.-€.

Conclusión

Por tanto, en resumen, no existe una infracción que tipifique como tal el incumplimiento del estado de alarma, sino lo que se tipifica y lo que se sanciona su incumplimiento es la desobediencia y la resistencia a los agentes de la autoridad. Por tanto, entendemos que siempre y cuando se sigan las recomendaciones de los agentes, no va a existir base legal para la imposición de una multa.

Puedes ampliar esta información, así como unas recomendaciones que damos, descargándote la guía gratuita que hemos redactado. Puedes hacerlo a través del siguiente enlace:

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